La Asamblea Nacional del Ecuador vuelve a estar en el centro de la polémica tras la denuncia presentada por la legisladora Mishel Mancheno, quien acusó a su colega Nuria Butiñá, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5), de supuestas prácticas relacionadas con el cobro de “diezmos”.
De acuerdo con Mancheno, varios testimonios y documentos internos apuntarían a que Butiñá habría exigido aportes económicos a colaboradores de su despacho a cambio de mantener sus puestos de trabajo o de garantizar su estabilidad laboral. Estas prácticas, conocidas en la jerga política como “diezmos”, han sido condenadas en el pasado por diversos sectores de la sociedad civil, pues constituyen un presunto abuso de poder y una violación a la normativa vigente que regula la administración pública.
La denunciante presentó su acusación ante la Comisión de Ética Legislativa, pidiendo que se investigue de manera transparente y se sancione de ser comprobada la irregularidad. “No podemos permitir que se normalicen estas prácticas que atentan contra la ética, la dignidad del servicio público y la confianza ciudadana en la Asamblea Nacional”, declaró Mancheno durante una rueda de prensa.
Por su parte, Butiñá rechazó de manera categórica las acusaciones, calificándolas como un intento de desprestigio político. La legisladora aseguró que no existen pruebas que respalden las denuncias y advirtió que emprenderá acciones legales por calumnias en contra de su colega.
El caso genera ya repercusiones dentro del Parlamento, donde las bancadas se encuentran divididas. Mientras algunos asambleístas respaldan la necesidad de una investigación a fondo, otros consideran que se trata de un nuevo episodio de confrontación política.
La ciudadanía, que observa con atención este proceso, espera que las instancias correspondientes actúen con celeridad y transparencia. La resolución del caso marcará un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el Legislativo.
