En los últimos días, el Gobierno de Ecuador anunció un incremento en el precio del diésel, medida que ha generado preocupación y debate entre distintos sectores económicos y sociales del país. La decisión forma parte de un plan de focalización de subsidios que busca reducir el gasto fiscal, el cual bordea los 1.200 millones de dólares anuales solo en combustibles, según cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.
El precio del diésel, que durante años se mantuvo estable gracias a los subsidios estatales, experimentará un aumento gradual. Inicialmente, el litro de diésel pasará de $1,797 a $2,80 dólares, con la posibilidad de ajustes mensuales en función de la cotización internacional del petróleo. El Gobierno ha señalado que esta medida permitirá liberar recursos que serán destinados a inversión social, infraestructura y programas de apoyo a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, gremios del transporte público, de carga pesada y del sector agrícola han manifestado su rechazo, argumentando que el alza tendrá un efecto en cadena sobre los costos de producción y el precio final de los productos básicos. Varias asociaciones de transportistas han advertido sobre un posible incremento en las tarifas, mientras que productores agropecuarios temen un encarecimiento de los insumos y de la logística de distribución.
Analistas económicos coinciden en que la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles es necesaria para sanear las finanzas públicas, pero advierten que su implementación debe ir acompañada de mecanismos de compensación eficaces para evitar un impacto negativo en la población de menores ingresos.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado que mantiene mesas de diálogo con distintos sectores y que se diseñarán ayudas focalizadas para quienes más las necesiten, con el fin de mitigar los efectos de esta medida.
